Resultados obtenidos por el estudio y análisis de la normativa que afecta a
nuestros clientes, explicados sin tecnicismos. Los fallos se publican
omitiendo los nombres de las partes.
La Ley 21.841 cambió cinco años por diez en la reforma al Código de Aguas. De paso abrió una vía colectiva por la comunidad de aguas y le puso cerrojo a las oposiciones de terceros.
La Ley 21.850 agregó dos créditos contra el impuesto de primera categoría. El primero paga por las remuneraciones de quienes exportan servicios del conocimiento, y sube cinco puntos fuera de la Región Metropolitana.
Cambió el artículo 118 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. El plazo general quedó en veinticinco días hábiles, baja a quince con revisor independiente, y si la Dirección de Obras no declara inadmisible el ingreso en cinco días, la solicitud se entiende acogida a trámite.
La Ley 21.828 agregó el artículo 157 septies al Código del Trabajo. Obliga a un informe anual de equidad de género, que se envía en marzo a la Dirección del Trabajo y queda publicado en el sitio de la empresa. El primero vence en marzo de 2027.
La Ley 21.830 fijó tres ingresos mínimos distintos y corrió los cuatro tramos de la asignación familiar. En enero vuelven a subir, por IPC y por decreto. Y hay un segundo ingreso mínimo, el de la Ley 21.808, que no es éste.
La Ley 21.842 trae dos reglas con dos fechas distintas, y la que se está contando mal es la primera. La prohibición de prohibir rige desde ya. La obligación de instalar espera veinticuatro meses.
La Resolución Exenta 121 rige desde el 22 de septiembre. Aceptado, aceptado con reparos y rechazado dejan de ser jerga del proveedor de facturación para pasar a ser el texto de una resolución con sanciones detrás.
La Ley 21.800 rige desde el 25 de febrero de 2027 y obliga a todo el que adquiera áridos a exigir el certificado de origen, y a toda faena de construcción a tenerlo a la vista. Dos de sus delitos entraron al catálogo de la ley de delitos económicos, con lo que la empresa también responde.
El artículo 3 enumera los cuatro grupos prioritarios. El artículo 7 agrega el requisito de vulnerabilidad socioeconómica que los filtra, y exime de él a las personas con discapacidad. Más los montos, los plazos y lo que deja a una empresa fuera.
La Ley 21.818 reemplazó el artículo 5° bis del decreto ley N° 3.500 y amplió el catálogo de condenas que dejan a una persona fuera de la pensión de sobrevivencia de su víctima. Además obliga al tribunal penal a declararlo en la propia sentencia, sin que nadie tenga que pedirlo.
La Ley 21.822 crea un procedimiento nuevo ante los juzgados de familia para proteger a las personas mayores en abandono social, con medidas cautelares en días y una sentencia que puede ordenar la restitución de bienes. Y, en el Código del Trabajo, un contrato especial para el trabajador de sesenta años y más.
La restitución anticipada no procede por no pago de la renta: la ley la reserva para cuando el inmueble se destruyó o quedó inutilizable por culpa del arrendatario. Para la renta impaga existe otra herramienta, el procedimiento monitorio, y es la que suele servir.
La Ley 21.563 dejó escrito que los saldos insolutos se extinguen al término del procedimiento. Pero los alimentos sobreviven, lo que venga de un delito también, y el aval sigue debiendo todo: la extinción no lo alcanza y tampoco puede cobrarle al deudor lo que pague.
La Ley 21.735 estableció una cotización de 8,5% de cargo del empleador, con un cronograma de nueve escalones. No empieza en 2027: el primero rigió en agosto de 2025 y el segundo el 1 de agosto pasado. Estas son las fechas y los montos, tomados del articulado.
La Ley 21.713 redefinió la elusión, sumó multa a las figuras de abuso y simulación, y creó un denunciante anónimo cuya identidad el SII debe reservar. Para una empresa, cambia qué se revisa y quién puede avisar.
La Ley 21.643 obliga a toda empresa a tener protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Ante una denuncia hay tres días para decidir y treinta para cerrar la investigación.
Bastan tres mensualidades consecutivas impagas —o cinco discontinuas— para quedar inscrito. Desde ahí se traba la renovación de la licencia de conducir, el pasaporte y buena parte de la vida patrimonial.
El SERVIU consignó la indemnización y un tercero con inscripción posterior pretendió cobrarla. El Segundo Juzgado Civil de Temuco declaró que no tenía derecho alguno y ordenó cancelar sus inscripciones, con costas.
El 1 de diciembre de 2026 entra en vigencia la Ley N° 21.719. Crea una agencia fiscalizadora con potestad sancionatoria y multas que llegan a 20.000 UTM. Afecta a toda empresa que trate datos de personas, por pequeña que sea.
La Ley 21.561 bajó el máximo semanal de 44 a 42 horas el 26 de abril de 2026. Muchas empresas de la región no actualizaron contratos ni turnos, y el exceso se paga como hora extraordinaria.